El pasado 11 de marzo entraba en vigor el Decreto-ley 2/2023, de 8 de marzo, de medidas urgentes de impulso a la inteligencia artificial en Extremadura. Dicho texto normativo tiene por objeto el establecimiento del marco esencial de las medidas destinadas al apoyo, promoción, impulso y desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial en la Comunidad Autónoma de Extremadura, regulando los ámbitos principales de aplicación de ésta.
El Decreto-Ley contempla como principios generales que la Administración pública autonómica fomentará el uso de una inteligencia artificial ética, confiable y respetuosa con los derechos fundamentales, siguiendo especialmente las recomendaciones de la Unión Europea.
¿Qué finalidades persigue el Decreto-Ley?
- Elevar la capacitación técnica en inteligencia artificial a través de la formación de la población activa y de los empleados públicos.
- Fomentar la implantación de la inteligencia artificial en las empresas de la Región, impulsando la mejora competitiva de las mismas.
- Promocionar Extremadura como un lugar adecuado para la inversión empresarial en el sector de la inteligencia artificial.
- Declarar de interés general y prioritario las iniciativas de inversión de inteligencia artificial que cumplan determinados requisitos.
- Incorporar sistemas de inteligencia artificial en la Administración pública autonómica de Extremadura que favorezcan la eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios públicos.
¿Cómo puedo beneficiarme del Decreto-Ley para el desarrollo de proyectos de IA?
El Decreto-Ley potenciará mecanismos de colaboración público-privada. A estos efectos, la Administración pública autonómica creará un espacio controlado de pruebas para la IA en el seno de la Fundación de Computación y Tecnologías Avanzadas de Extremadura (COMPUTAEX), en los que se podrán probar y evaluar sistemas de inteligencia artificial, antes de ser lanzados al mercado, para garantizar su seguridad y eficacia, minimizando el riesgo de daños a terceros. Para ello podrán suscribirse los correspondientes convenios y contratos, en los que se incluyen los negocios jurídicos previstos en los artículos 6 y 8 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Por último, las iniciativas de inversión de inteligencia artificial de interés general y prioritario podrán ser calificadas como Proyectos Empresariales de Interés Autonómico, si cumplen los requisitos previstos en el capítulo II de la Ley 5/2022, de 25 de noviembre, de medidas de mejora de los procesos de respuesta administrativa a la ciudadanía y para la prestación útil de los servicios públicos.
En definitiva, la digitalización de la economía y el desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial está desembocando en una adaptación del ordenamiento jurídico a este nuevo contexto. Por ello, se esperan avances normativos en los distintos ámbitos de la Administración Pública, sea a nivel local, autonómico o estatal.
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